El fallo contra Cristina Kirchner, entre la legalidad institucional y la legitimidad política
La reciente confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia reactivó uno de los debates más sensibles de la política argentina: ¿estamos frente a un acto de justicia o ante una maniobra de proscripción política?
Desde una perspectiva jurídica, la respuesta es clara: es justicia. La causa de Vialidad lleva más de 17 años de tramitación, con instancias agotadas en primera y segunda instancia, y con una resolución final de la Corte Suprema conforme a los procedimientos previstos por la Constitución. No hay atajos ni sorpresas procesales. El fallo es jurídicamente sólido.
Sin embargo, nadie puede analizar este caso sin tener en cuenta el contexto político e institucional argentino. La Justicia en nuestro país está profundamente erosionada por décadas de presión, manipulación y colonización partidaria. Ninguna fuerza política ha estado exenta de esto.
La cancha inclinada no es nueva
En Argentina, parecería que la corrupción es un fenómeno exclusivo del peronismo. Esa lógica selectiva construye una cancha inclinada, donde ciertos actores son perseguidos mientras otros son protegidos. Y sin embargo, eso no exime a Cristina Kirchner de rendir cuentas. Lo que preocupa es que la vara judicial no se aplique con la misma firmeza a otros sectores del poder, como empresarios, medios, o expresidentes de otros signos políticos.
Se acusa a la Corte de ser «macrista». Pero eso también es una lectura parcial. Horacio Rosatti, actual presidente del tribunal, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. La composición de la Corte refleja los pactos y tensiones del sistema político más que una alineación partidaria clara. Es un poder del Estado que ha sido modelado por distintos gobiernos, no solo por uno.
El kirchnerismo también jugó con las reglas
Para comprender el problema en su totalidad, hay que recordar que el kirchnerismo también operó sobre la justicia:
- En 2013 intentó reformar el Consejo de la Magistratura para controlarlo políticamente.
- Buscó ampliar el número de miembros de la Corte.
- Promovió agrupamientos como “Justicia Legítima”, con la idea de crear un sistema judicial ideológicamente afín.
Es decir, no hay inocentes en la relación entre poder político y poder judicial en Argentina. El problema no es solo Cristina, ni solo Macri. El problema es estructural.
Proscripción: una narrativa cuestionable
Hablar de proscripción implica que se impide de forma arbitraria y antidemocrática el acceso de alguien a cargos públicos. Sin embargo, Cristina fue vicepresidenta durante este proceso judicial. Y al momento del fallo, se preparaba para competir por un cargo menor, sin que existiera un impedimento legal hasta ahora.
Entonces, ¿por qué instalar la idea de proscripción? Porque es funcional a una estrategia política que busca victimización, cohesión interna y continuidad simbólica de un liderazgo debilitado. Pero en términos jurídicos y materiales, no hay proscripción. Hay una sentencia firme dictada por el máximo tribunal del país.
Justicia sí, pero para todos
El verdadero desafío es otro: lograr que la justicia sea pareja. Que los Macri, los Milei, los empresarios del poder económico, y los futuros funcionarios de cualquier color político también enfrenten las consecuencias de sus actos. Hoy Cristina fue condenada. Mañana podría ser otro. Eso es lo que define una república.
No se trata de absolver por ideología ni de condenar por conveniencia. Se trata de exigir igualdad ante la ley.
¿Qué opinás vos?
¿Estamos ante un cambio real en la justicia argentina o solo ante una jugada de poder selectiva? Te leo en los comentarios o en @Internacionalizarse.
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