Veinticinco años de negociaciones… y contando
El 18 de diciembre de 2025, la Comisión Europea comunicó formalmente al MERCOSUR que no habrá firma definitiva del acuerdo de asociación birregional —presentado durante años como “la mayor zona de libre comercio del mundo”— en la cumbre prevista para el 20 de diciembre en Brasil. La razón inmediata fue la negativa de Francia a avanzar en el proceso, logrando el acompañamiento de Italia y forzando un nuevo aplazamiento, esta vez sin una fecha clara, tentativamente hacia enero de 2026.
El caso del acuerdo UE–MERCOSUR ilustra con claridad la complejidad real que implica alcanzar acuerdos comerciales de gran magnitud. Aunque las negociaciones formales se iniciaron en 1999, el proceso ha atravesado múltiples etapas de avances y bloqueos, moviéndose de forma pendular según las coyunturas políticas internas de ambos bloques y las transformaciones del sistema internacional. Cambios de gobiernos, crisis económicas, disputas sectoriales y reconfiguraciones geopolíticas han condicionado cada paso del camino.
El 6 de diciembre de 2024, los representantes políticos del MERCOSUR y de la Unión Europea anunciaron haber alcanzado un acuerdo político para cerrar un proceso negociador que llevaba un cuarto de siglo. Sin embargo, este entendimiento no implicaba aún la firma ni la ratificación formal del tratado, sino una señal de voluntad política. El anuncio se dio en un contexto internacional marcado por el retorno de la competencia estratégica entre grandes potencias, la fragmentación del comercio global y el uso creciente de instrumentos económicos como herramientas de poder.
En ese marco, el acuerdo aparece como una apuesta estratégica para ambas regiones: asegurar suministros clave —alimentos, energía, materias primas— y, al mismo tiempo, garantizar acceso preferencial a mercados para bienes y servicios. No obstante, la dimensión geopolítica del tratado choca de frente con resistencias internas, especialmente dentro de la Unión Europea.
La nueva postergación del acuerdo está directamente vinculada al conflicto no resuelto entre las instituciones europeas y sus sectores agropecuarios. El rechazo del campo europeo se materializó en protestas masivas en Bruselas y otras capitales, con miles de agricultores movilizados, tractores bloqueando accesos y una fuerte presión política sobre el Consejo y el Parlamento Europeo.
En este contexto, COPA-COGECA, la principal organización que representa a los agricultores y cooperativas agrarias de la Unión Europea —agrupando a más de 22 millones de productores y alrededor de 22.000 cooperativas— repudió los episodios de violencia, pero afirmó comprender la “ira y frustración” del sector. Para el agro europeo, el acuerdo con el MERCOSUR simboliza una amenaza directa a un modelo productivo fuertemente regulado y dependiente de mecanismos de protección.
Una vez más, el sector agropecuario europeo demostró que la protesta social sigue siendo una fuente efectiva de presión política, incluso frente a estructuras burocráticas supranacionales como las de la UE. Las calles, en este caso, lograron condicionar decisiones que parecían cerradas a nivel técnico.
En términos políticos, Francia se consolida como el principal opositor al acuerdo, logrando en esta etapa el respaldo de Italia para frenar el avance hacia la firma. Los argumentos centrales de quienes se oponen giran en torno a tres ejes: la competencia considerada desleal, dado que los países del MERCOSUR no están sujetos a los mismos estándares ambientales, sanitarios y laborales; la falta de garantías efectivas para proteger a los productores europeos; y el temor a una pérdida de autonomía estratégica y seguridad alimentaria dentro del bloque.
Los datos estructurales ayudan a dimensionar el conflicto. Aproximadamente el 40–45 % de la superficie terrestre de la UE está destinada a actividades agrícolas y forestales, y el sector emplea alrededor de 20 millones de personas entre trabajo directo e indirecto. Sin embargo, cerca del 70 % de la producción agroalimentaria europea se consume dentro del propio bloque, lo que refuerza la lógica de un mercado intrarregional altamente integrado y protegido. El sector cuenta además con el respaldo de la Política Agraria Común (PAC), que para el período 2021–2027 dispone de un presupuesto cercano a los 387.000 millones de euros.
Beneficios y costos del acuerdo
Una relación estructuralmente asimétrica
Beneficios potenciales
Para la Unión Europea, el acuerdo ofrece beneficios estratégicos que van más allá del comercio. En primer lugar, permite diversificar y asegurar el acceso a alimentos y materias primas provenientes de una región considerada relativamente estable. En segundo lugar, refuerza la presencia geopolítica europea en América del Sur, una región cada vez más disputada por China y Estados Unidos.
Desde el punto de vista económico, la UE se beneficia principalmente por la apertura de mercados para bienes industriales, servicios y compras públicas. Sectores como el automotriz, farmacéutico, químico, maquinaria, telecomunicaciones y servicios financieros obtienen acceso preferencial a economías que, en conjunto, superan los 260 millones de consumidores. El acuerdo también consolida estándares regulatorios europeos en propiedad intelectual, normas técnicas e indicaciones geográficas.
Para el MERCOSUR, el principal beneficio es el acceso preferencial a uno de los mercados de mayor poder adquisitivo del mundo. La reducción de aranceles para productos agroindustriales —carne bovina, azúcar, etanol, arroz, frutas y derivados— fortalece sectores altamente competitivos en países como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Asimismo, el tratado puede favorecer la atracción de inversión extranjera directa, especialmente europea, en economías con restricciones estructurales de financiamiento.
Costos y tensiones estructurales
Los beneficios conviven con costos profundos y desiguales. En Europa, el principal impacto negativo recae sobre el sector agropecuario, especialmente pequeños y medianos productores, que enfrentan competencia de productos elaborados bajo menores costos laborales y regulatorios. El acuerdo expone una contradicción central de la UE: promover la liberalización comercial externa mientras sostiene un sistema interno de subsidios y protección.
Para el MERCOSUR, los riesgos son más estructurales. El tratado tiende a profundizar la especialización primaria y agroindustrial, reforzando un patrón histórico de inserción internacional basado en exportaciones de bajo valor agregado. Al mismo tiempo, la apertura a bienes industriales europeos presiona a sectores manufactureros locales con menor productividad y capacidad tecnológica, aumentando el riesgo de desindustrialización relativa.
A esto se suma la asimetría normativa. La adopción de estándares europeos en materia sanitaria, ambiental y de propiedad intelectual eleva los costos de producción y afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas, funcionando como un mecanismo indirecto de poder económico.
Conclusión
El acuerdo UE–MERCOSUR no es solamente un tratado comercial: es una decisión política que ordena ganadores y perdedores en un sistema internacional desigual. Tras veinticinco años de negociación, la pregunta central no es si el acuerdo se firmará, sino en qué condiciones y con qué capacidad real de absorber los costos de la apertura. Mientras la Unión Europea negocia desde una posición de fortaleza industrial y fiscal, el MERCOSUR lo hace desde estructuras productivas frágiles y asimétricas. Entender esta brecha es clave para discutir desarrollo, soberanía y el verdadero sentido de la integración en el mundo actual.
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